El Gobierno de España aprueba un nuevo decreto para reforzar el apoyo a las familias
El Gobierno de España ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 23 de diciembre el Real Decreto-ley 16/2025, que confirma la prórroga y actualización de la ayuda a la crianza para familias con hijos menores de edad a partir de 2026. Esta medida tiene como objetivo reducir eficazmente la pobreza infantil en España mediante un apoyo económico directo, aportando certidumbre a decenas de miles de familias.
Cuantías de la ayuda y tramos de edad
Esta ayuda, integrada en el sistema del Ingreso Mínimo Vital (IMV), establece sus cuantías en función de la edad de los menores, con los siguientes baremos:
- Menores de 0 a 3 años: 115 euros al mes.
- Niños de 3 a 6 años: 80,50 euros al mes.
- Menores de 6 a 18 años: 57,50 euros al mes.
Este complemento por hijo proporcionará una suma considerable anualmente a las familias, destinada directamente a aliviar la presión económica de la crianza.
Ampliación significativa de los beneficiarios
Una de las principales novedades del nuevo decreto es la ampliación del colectivo de familias beneficiarias. Además de los actuales perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), también podrán solicitar esta ayuda aquellas familias trabajadoras con bajos ingresos cuyos recursos superen ligeramente el umbral del IMV. Este ajuste amplía la cobertura de la protección social, permitiendo que más hogares necesitados puedan beneficiarse.
Proceso de solicitud y pago
Para garantizar la eficiencia administrativa, el proceso de pago se ha simplificado. Para las familias que ya reciben el IMV o la prestación por protección familiar, la Seguridad Social gestionará y abonará de oficio este nuevo complemento de ayuda para la infancia, sin necesidad de una nueva solicitud. El resto de familias que cumplan los requisitos deberán presentar una solicitud activa, aportando la documentación que acredite la composición del hogar y los ingresos del ejercicio correspondiente. El Gobierno busca, a través de criterios transparentes, que los ciudadanos conozcan claramente sus derechos y asegurar que la política de bienestar se aplique con precisión.
