Ocho meses de retención ilegal
Según la investigación policial, durante ocho meses, la libertad de movimiento del empleado estuvo completamente restringida, sin apenas salir del restaurante de comida rápida donde trabajaba. El empleador se aprovechó de la vulnerabilidad del trabajador, que carecía de permiso de residencia legal en España, y mediante intimidación y amenazas psicológicas, le hizo creer que si salía sería detenido por la policía y deportado. Para controlar completamente sus movimientos, el dueño incluso cerraba el local con llave desde fuera durante la noche, impidiendo que la víctima pudiera escapar.
Condiciones laborales extremas
Durante este período, la víctima fue obligada a trabajar más de 13 horas diarias sin recibir ningún tipo de salario. El empleador no solo no le hizo un contrato de trabajo ni le dio de alta en la Seguridad Social, sino que la única “remuneración” que le proporcionaba eran las sobras diarias del restaurante. Su alojamiento era una habitación improvisada en la parte trasera del local en pésimas condiciones de salubridad. Las fotos del lugar muestran un espacio pequeño, sucio y sin las instalaciones básicas para vivir. Según declaraciones, cuando la víctima pidió ropa para el frío, el jefe respondió con indiferencia que “no se moriría de frío” e ignoró la presencia de ratas en el lugar.
Extorsión y amenazas violentas
Además de la cruel explotación, el dueño del restaurante sometió a la víctima a insultos verbales y violencia física. Aún más grave, el propietario le exigió 10.000 euros, afirmando falsamente que podría usar ese dinero para conseguirle un contrato de trabajo legal, lo que constituye un delito de extorsión. El informe policial señala que la naturaleza de este caso va mucho más allá de una simple disputa laboral, implicando delitos de detención ilegal, explotación laboral agravada y otros cargos penales.
Intervención policial y seguimiento
Tras recibir un aviso, la policía española actuó rápidamente, realizando una redada en el restaurante de comida rápida ubicado en Lliçà d’Amunt, donde rescataron a la víctima en el acto y detuvieron al propietario implicado. Actualmente, la víctima ha sido remitida a los servicios sociales locales, donde está recibiendo la asistencia legal y el apoyo necesarios. El dueño del negocio ha sido puesto a disposición judicial y se enfrenta a múltiples cargos penales mientras el caso sigue su curso.
