Introducción
El gobierno municipal de Barcelona, liderado por el alcalde Jaume Collboni, ha aprobado oficialmente una importante modificación de la Ordenanza de Civismo tras alcanzar un consenso con los partidos Junts y ERC. Considerada la regulación urbana más estricta en 20 años, esta nueva normativa entrará en vigor en febrero de 2026 con el objetivo central de frenar el descontrolado turismo de excesos y remodelar la imagen de la ciudad.
Medidas drásticas contra las despedidas de soltero y el nudismo público
La nueva ordenanza apunta directamente a la creciente cultura de las despedidas de soltero. Prohíbe portar o exhibir en el espacio público cualquier muñeco, prenda de vestir o accesorio que “represente de forma explícita los genitales humanos o tenga una clara connotación sexual”. Esto significa que los desfiles con disfraces exagerados y objetos indecorosos, antes comunes, serán prohibidos por ley.
Asimismo, la nueva norma reafirma las sanciones por nudismo en lugares públicos. Salvo en playas, piscinas y paseos marítimos adyacentes, cualquier persona que vaya con el torso desnudo por las calles de la ciudad se enfrentará a multas de 120 a 300 euros. Si la conducta escala a desnudo integral, la multa ascenderá de 300 a 500 euros. Los agentes de la autoridad advertirán verbalmente antes de multar, y si el infractor se niega a cooperar, se enfrentará a sanciones severas.
Aumento considerable de las multas por infracciones
Para mejorar la limpieza y el entorno urbano, la nueva ordenanza eleva notablemente las multas para ciertas infracciones. La sanción por orinar o defecar en la vía pública se duplica, pasando de un máximo de 300 euros a 750 euros. Si dicha acción ocurre en monumentos históricos, calles estrechas o en presencia de menores, el límite de la multa se disparará hasta los 1500 euros.
Además, para atajar el problema de los grafitis que afecta a comerciantes y residentes, la nueva normativa eleva la multa máxima a 600 euros y estipula que el infractor deberá asumir adicionalmente los costes de limpieza.
Refuerzo de la aplicación de la ley
Para garantizar la efectiva implementación de la nueva ordenanza, el Ayuntamiento de Barcelona planea desplegar cerca de 100 agentes más de la Guardia Urbana para intensificar las patrullas y la aplicación de la ley en las calles. Al mismo tiempo, las autoridades están considerando equipar a los agentes con terminales de pago móvil para procesar las multas en el acto. La ordenanza también especifica que el catalán será el idioma de comunicación prioritario durante las actuaciones policiales. Este conjunto de medidas marca un cambio significativo en la estrategia de gobernanza urbana de Barcelona, pasando de una anterior “tolerancia infinita” a una de “prioridad al orden”.
