El Consejo de Ministros de España aprobó el 27 de enero de 2026 un Real Decreto-ley que abre el camino para un proceso de regularización masiva de inmigrantes (conocido coloquialmente como “amnistía”). Este decreto busca resolver la situación de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular en el país. La portavoz del Gobierno, la ministra Elma Saiz, describió la medida como un ejercicio de “orden y responsabilidad”, destinado a mejorar la vida de las personas en lugar de “mirar hacia otro lado” ante la inmigración irregular.
Requisitos de solicitud y fechas clave
Según la información oficial, este proceso de regularización se dirige principalmente a dos grupos:
- Personas que hayan solicitado protección internacional (asilo) antes del 31 de diciembre de 2025.
- Extranjeros que puedan demostrar una residencia continuada en España de al menos 5 meses antes del 31 de diciembre de 2025.
Los solicitantes deben cumplir la condición fundamental de no tener antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público. La gama de documentos válidos para demostrar la residencia es amplia, incluyendo el empadronamiento municipal, facturas de suministros (agua, luz), historiales médicos, contratos de alquiler o incluso abonos de transporte.
Fechas importantes:
- Plazo de solicitud: Se prevé que se extienda desde principios de abril hasta el 30 de junio de 2026.
- Publicación oficial: Se espera que la orden ministerial con los detalles finales se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a mediados de marzo.
Tipo de residencia y derechos obtenidos
Los solicitantes que obtengan la aprobación recibirán una autorización de residencia inicial de un año. Esta autorización incluirá un permiso de trabajo sin restricciones sectoriales ni geográficas, válido en todo el territorio español. Una vez transcurrido el año, los titulares podrán modificar su situación a un tipo de residencia regular según lo estipulado en el Reglamento de Extranjería vigente. Cabe destacar que, una vez que la solicitud sea admitida a trámite por la administración, el solicitante podrá trabajar legalmente y estará protegido contra la expulsión. Además, los hijos menores de edad del solicitante que ya se encuentren en España también recibirán una autorización de residencia válida por cinco años.
Contexto político e impacto social
La decisión de utilizar un Real Decreto-ley se produce después de que una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por 700,000 firmas para una regularización, se viera bloqueada en el Congreso. Por ello, el gobierno de coalición del PSOE y Podemos ha optado por esta vía para acelerar el proceso. La medida ha generado controversia política, con la oposición del Partido Popular (PP) y Vox.
El Gobierno, citando estimaciones de organizaciones sociales, cree que esta regularización podría beneficiar a unas 500,000 personas. Sin embargo, según un informe reciente de la fundación española Funcas, el número de inmigrantes en situación irregular en España podría haber alcanzado los 840,000 en enero de 2025, con la gran mayoría (aproximadamente el 91%) proveniente de América Latina, con los colombianos a la cabeza. Históricamente, entre 1986 y 2005, España ya ha llevado a cabo nueve procesos de regularización similares, que resolvieron la situación de más de un millón de inmigrantes.
