El 31 de marzo de 2026, el sistema educativo de la Comunidad Valenciana se paralizó de nuevo con la segunda gran huelga de docentes del curso académico. Se produjeron protestas en varias ciudades de la comunidad, siendo la manifestación de Alicante la más multitudinaria. Según estimaciones oficiales, más de 10.000 profesionales de la educación participaron en la marcha de Alicante, mientras que los sindicatos cifraron el seguimiento en toda la comunidad en un 80%. Esta huelga busca transmitir al gobierno el descontento acumulado en el sector educativo, con reivindicaciones centradas en los recursos pedagógicos, las condiciones salariales y la carga burocrática.
Aulas masificadas, calidad educativa en riesgo
La grave masificación de las aulas es uno de los principales problemas denunciados por los docentes. Según el testimonio de un profesor del instituto de Gran Alacant, algunas clases de Bachillerato ya alcanzan los 40 alumnos. Aunque la ley establece un máximo de entre 25 y 35 alumnos por clase, una política que permite un aumento del 15% en la ratio para acoger a alumnado de incorporación tardía (mayoritariamente hijos de familias inmigrantes) ha provocado una saturación generalizada. Los profesores señalan que en un entorno tan abarrotado es imposible atender adecuadamente a cada estudiante, lo que afecta gravemente a la calidad de la enseñanza.
Salarios a la cola y pérdida de poder adquisitivo
La cuestión salarial es otro de los detonantes de esta huelga. Los manifestantes denuncian que, desde 2010, el poder adquisitivo del profesorado ha disminuido notablemente. Actualmente, el salario de los docentes de la Comunidad Valenciana se encuentra entre los más bajos de toda España. Lemas vistos en la manifestación como ‘La vocación no paga las facturas’ reflejan de forma directa el sentir generalizado de los profesores ante la presión económica, que exigen al gobierno un aumento salarial acorde a su dedicación profesional.
Múltiples desafíos y una llamada a más apoyo
Además de la masificación y los salarios, los docentes se enfrentan a desafíos pedagógicos cada vez más complejos. Los informes indican un aumento continuo de alumnos con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), TEA (Trastorno del Espectro Autista) o barreras lingüísticas. Una profesora expresaba con impotencia que es habitual tener en una misma clase a dos alumnos con necesidades especiales que requieren una alta atención, lo que dispersa enormemente la energía del docente e impide cubrir las necesidades de todo el alumnado.
Al mismo tiempo, la abrumadora carga burocrática agota a los profesores. La gran cantidad de informes y papeleo que deben gestionar les hace sentirse como ‘meros introductores de datos’, restando un tiempo crucial a la preparación de clases y a la investigación pedagógica.
Rechazo a la nueva ley para defender la autonomía pedagógica
La huelga también expresa el rechazo a la nueva ‘Ley de Libertad Educativa’. Los sindicatos de profesores y muchos educadores consideran que este proyecto de ley inclina excesivamente la balanza hacia los padres en la elección de la lengua vehicular (valenciano o castellano), ignorando la opinión de los centros como instituciones educativas profesionales. Reivindican que las escuelas deben tener más autonomía para decidir sobre la lengua de enseñanza. La pancarta ‘El profe luchando, también está enseñando’ refleja su determinación por defender la profesionalidad educativa y su futuro.
