Compromiso político retrasado, presión de colectivos sociales
El Gobierno español anunció a finales de enero un plan para un proceso de regularización masiva de inmigrantes (conocido coloquialmente como “regularización extraordinaria”) entre principios de abril y finales de junio. Sin embargo, pasados ya varios días de abril, el anuncio oficial del plan aún no se ha publicado, dejando la promesa básicamente en el aire. La razón principal del retraso es que el Consejo de Estado, como órgano consultivo del Gobierno, todavía no ha finalizado su informe sobre la propuesta.
Ante esta situación, la plataforma “Regularización Ya”, que lleva dos años impulsando esta medida, ha expresado su profundo malestar. La organización insta al Gobierno a publicar el anuncio oficial antes del 15 de abril y advierte que, si no hay avances para entonces, solicitarán formalmente que la fecha límite de solicitud se extienda más allá del 30 de junio original para compensar el tiempo perdido.
Detalles de la regularización y controversia social
Según el borrador actual, esta regularización se dirige principalmente a dos grupos:
- Personas que hayan presentado una solicitud de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 (independientemente de si la solicitud fue denegada).
- Inmigrantes en situación irregular por motivos económicos que puedan demostrar una residencia continuada en España de al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 (es decir, desde el 31 de julio de 2025).
Quienes obtengan la aprobación recibirán un permiso de residencia y trabajo de un año, aplicable a todos los sectores en todo el país, tras lo cual podrán renovarlo por las vías ordinarias. Además, los hijos menores de edad de los solicitantes podrán obtener directamente una residencia de cinco años.
No obstante, el plan ha desatado un intenso debate social. Victoria Columba, portavoz de la plataforma “Regularización Ya”, ha denunciado públicamente la politización del proceso por parte de la derecha española y las campañas de estigmatización contra el colectivo migrante. Subrayó que la regularización es crucial para garantizar los derechos fundamentales de los inmigrantes vulnerables y abogó por mantener la flexibilidad en los requisitos de solicitud para no excluir a nadie.
El retraso administrativo causa problemas en cadena
Columba advirtió que la demora del Consejo de Estado no solo agrava la ansiedad de los solicitantes, sino que también impone una presión adicional al sistema administrativo. Más grave aún, esta incertidumbre ha generado especulación en el mercado. Algunos despachos de abogados y otros intermediarios, basándose únicamente en la interpretación de borradores no definitivos, ya están cobrando honorarios de consulta de hasta 400 euros a inmigrantes desesperados.
Al mismo tiempo, la falta de información oficial ha servido de caldo de cultivo para bulos y discursos de odio de la “extrema derecha”, exacerbando la polarización social y causando una doble victimización al colectivo de inmigrantes sin papeles.
Proceso de solicitud preliminar y preparativos en marcha
Aunque aún no hay anuncio oficial, según información filtrada por el sindicato CSIF, la solicitud de regularización se llevará a cabo en dos fases. La primera será la recopilación de documentos, y la segunda, la revisión de los expedientes, estará a cargo de un centro de procesamiento unificado ubicado en la ciudad de Vigo.
Se prevé que los puntos de solicitud presencial se habiliten en oficinas de Correos, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, oficinas de extranjería y algunas oficinas de la Seguridad Social. También se abrirán canales en línea, aunque algunos solicitantes podrían enfrentar dificultades de identificación por carecer de certificado digital.
Mientras esperan la implementación de la política, las comunidades de inmigrantes afectadas ya han comenzado a prepararse activamente. Por ejemplo, para ayudar a sus nacionales, Senegal ha establecido “consulados itinerantes” en varias partes de España. En A Coruña, ofrecieron servicios para tramitar los documentos necesarios a compatriotas de Galicia y Castilla y León, atendiendo a más de 300 personas en un solo fin de semana.
Antecedentes históricos y prácticas en la UE
Históricamente, España ha llevado a cabo seis regularizaciones masivas de inmigrantes, impulsadas tanto por gobiernos del Partido Popular (derecha) en 2000 y 2001, como por gobiernos del PSOE (izquierda) en 1986, 1991, 1996 y 2005. En el ámbito de la Unión Europea, desde la década de 1990, los países miembros han implementado más de 40 procesos de regularización similares. Ejemplos recientes incluyen Italia (2020) y Portugal (2021), lo que demuestra que este tipo de políticas es una herramienta habitual para abordar la cuestión de la inmigración irregular.
