Huelga confirmada para ejercer máxima presión a corto plazo
Los principales sindicatos de enseñanza de la Comunidad Valenciana, incluyendo STEPV, CCOO PV y UGT PV, junto con la Coordinadora del Professorat Interí, han confirmado la convocatoria de una huelga indefinida para todo el personal docente de la enseñanza pública no universitaria a partir del 11 de mayo.
La fecha fue la más votada en una consulta previa a los docentes. La estrategia de los convocantes es clara: concentrar la fuerza en la primera semana de huelga para ejercer la máxima presión posible y forzar a la Generalitat a volver a la mesa de negociación. Esta táctica también considera el impacto económico para los profesores —se estima una pérdida de casi 200 euros diarios por huelguista—, lo que dificulta mantener una alta participación a largo plazo.
Estrategias de protesta diversificadas para señalar al poder
Para maximizar el impacto, los sindicatos planean una gran manifestación unitaria en la ciudad de Valencia, buscando evitar la dispersión de fuerzas que supondría realizarla en las tres capitales de provincia como en ocasiones anteriores.
Además, ya se han programado una serie de acciones selectivas:
- Concentraciones ante sedes del gobierno: Se planean concentraciones frente al Palau de la Generalitat en la Plaza de Manises y la Conselleria de Hacienda para presionar directamente al presidente y a los responsables que argumentan ‘restricciones presupuestarias’ para rechazar las demandas salariales.
- ‘Clases por la dignidad’ a las puertas de los centros: Los docentes impartirán clases en las entradas de los colegios e institutos para transmitir a la sociedad y a las familias que no abandonan a sus alumnos, sino que luchan por la defensa de la educación pública.
Acciones más contundentes y posibles desafíos
La coordinadora también ha propuesto un repertorio de acciones más contundentes, como encierros en los centros educativos y marchas desde cada colegio hasta las direcciones territoriales de Educación. Asimismo, se planea aprovechar las agendas públicas de los altos cargos para realizar seguimientos ‘pacíficos’ pero visibles, con los característicos chalecos amarillos, a figuras como el presidente Llorca o el conseller de Educación, Ortí, en sus actos públicos.
A pesar de la firmeza en la convocatoria, la movilización enfrenta dudas internas y cuestiones legales, como la posibilidad de suspender legalmente la evaluación del alumnado, especialmente en el crucial segundo curso de Bachillerato. También existen desafíos sobre el nivel de seguimiento que se logrará en centros con menor tradición reivindicativa y el debate sobre si se deben adoptar modelos de lucha de otras comunidades, como Cataluña.
