Huelga indefinida de docentes en la Comunidad Valenciana: la enseñanza y evaluación final, al borde del colapso
A partir del lunes 11 de mayo de 2026, los docentes de la enseñanza pública en la Comunidad Valenciana comenzarán una huelga indefinida, tras la ruptura total de las negociaciones sobre mejoras salariales y de las condiciones educativas. Se prevé que este paro tenga un grave impacto en la rutina diaria de casi 78.000 profesionales de la educación y en la enseñanza y evaluación final de numerosos estudiantes.
Negociaciones rotas, la huelga es un hecho
La decisión de ir a la huelga se tomó tras el fracaso de la última reunión negociadora el jueves 7 de mayo. La propuesta salarial de la Conselleria de Educación fue considerada insuficiente y no cumplió con las demandas clave de los sindicatos. Por su parte, los sindicatos docentes exigieron el cumplimiento inmediato de todos los compromisos, algo inaceptable para el gobierno autonómico, que alega dificultades financieras. Tras múltiples intentos de mediación fallidos, la huelga es ya inevitable.
La convocatoria ha sido lanzada conjuntamente por los cinco principales sindicatos de docentes (STEPV, CC. OO. PV, UGT PV, ANPE CV, CSIF CV), en la que es la muestra de unidad sindical más fuerte desde la crisis financiera de 2012. El llamamiento a la huelga abarca a casi 78.000 trabajadores de la educación, desde infantil hasta bachillerato y Formación Profesional (FP).
Un conflicto latente: las seis demandas clave de los sindicatos
El origen de este conflicto laboral se remonta al inicio del curso escolar. Ya a finales de septiembre, los sindicatos STEPV, CC. OO. PV y UGT PV presentaron al gobierno un documento con seis reivindicaciones principales, que incluyen:
- Aumento salarial para compensar la inflación.
- Reducción de las ratios de alumnos por aula para mejorar la calidad de la enseñanza.
- Disminución de la burocracia para aligerar la carga administrativa del profesorado.
- Mayor inversión en infraestructuras.
- Ampliación de las plantillas docentes.
- Fomento de la enseñanza en valenciano.
A pesar de dos huelgas puntuales el 11 de diciembre y el 31 de marzo, decenas de concentraciones y el cambio en la titularidad de la Conselleria de Educación, de José Antonio Rovira a Carmen Ortí, el gobierno siempre ha argumentado “falta de fondos”. No ha ofrecido compromisos sustanciales en el tema clave del aumento salarial, proponiendo esperar a los presupuestos de otoño para discutirlo, lo que los sindicatos consideran una táctica dilatoria.
Polémica por los “servicios mínimos” y su impacto en la evaluación
Para hacer frente a la huelga, el gobierno valenciano ha establecido unos “servicios mínimos” que exigen garantizar el 100% del servicio de evaluación final para los alumnos de segundo de Bachillerato, que se enfrentan a un momento clave para su acceso a la universidad. Sin embargo, esta medida ha exacerbado el conflicto; los sindicatos la consideran abusiva y están estudiando recurrirla judicialmente. Al mismo tiempo, entre el profesorado ha surgido la propuesta de calificar a todos los alumnos con un 10 como forma de protesta.
Para el resto de los cursos, el gobierno no ha establecido medidas de protección efectivas. Los centros solo tendrán que mantener un modelo de “custodia”, con un solo docente por cada cuatro clases en primaria y uno por cada diez en secundaria. Esto significa que los alumnos de tercero y cuarto de la ESO, que necesitan sus notas para solicitar becas o acceder a bachillerato, no podrán ser evaluados con normalidad. Las direcciones de los centros estiman que con solo un 20% o 30% de seguimiento de la huelga, las escuelas quedarán paralizadas, obligando a los profesores especialistas a actuar como vigilantes y dejando sin el apoyo necesario a los alumnos con necesidades especiales.
Amplio apoyo social frente a un gobierno en apuros financieros
A diferencia de otras ocasiones, esta huelga de docentes ha recibido una gran simpatía y apoyo de diversos sectores de la sociedad. Desde artistas conocidos hasta las asociaciones de padres y madres de alumnos han mostrado públicamente su respaldo a las reivindicaciones de los profesores, sin apenas voces discordantes. Los carteles de protesta con lemas como “els profes en lluita” (los profes en lucha) cubren los centros educativos, demostrando una sólida base de apoyo popular.
Ante la postura firme de los sindicatos y el amplio respaldo social, la mediación del recién llegado a la presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tampoco ha logrado desbloquear la situación. El gobierno insiste en sus dificultades financieras, que le impiden satisfacer de inmediato todas las demandas sindicales, llevando la situación a un punto muerto.
