La UE acuerda un nuevo Reglamento de Retorno para endurecer el control migratorio
El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han alcanzado recientemente un acuerdo político sobre el texto del nuevo Reglamento de Retorno. Esta nueva normativa tiene como objetivo unificar y acelerar los procedimientos de retorno para las personas que no cumplen las condiciones de residencia y aumentar la tasa de ejecución de los retornos, siendo la culminación de la reforma integral de la política de inmigración y asilo de la UE. Aunque algunos países como España mantienen sus reservas, el acuerdo ha obtenido un amplio respaldo a nivel de la UE y se espera que sea aprobado formalmente sin contratiempos.
Aceleración de los retornos: objetivos clave y calendario de implementación
El objetivo principal del nuevo Reglamento de Retorno es “acelerar los procedimientos de retorno y aumentar el número de retornos de personas que no tienen derecho legal a permanecer en la UE”. Según el acuerdo, el reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los Estados miembros tendrán un plazo máximo de 12 meses para implementar las disposiciones técnicas y de formación más complejas, pero algunas medidas clave, como el establecimiento de centros de retorno, podrán iniciarse de inmediato.
Este reglamento es la última pieza del Pacto sobre Migración y Asilo, negociado por la UE durante más de una década y que entrará en vigor oficialmente el 12 de junio. Anteriormente, la UE ya había aprobado la primera lista de “países de origen seguros” y revisado el concepto de “terceros países seguros”, allanando el camino para algunas de las medidas del nuevo reglamento. Los datos muestran que la tasa de ejecución de retornos de la UE en los últimos años no ha sido la ideal: en el último año con estadísticas, de las 491.950 órdenes de salida emitidas a ciudadanos de terceros países, solo se ejecutaron 135.460 retornos, lo que representa una tasa de ejecución de aproximadamente el 28%.
Puntos controvertidos: ‘centros de retorno’ extraterritoriales y la situación de las familias
Uno de los contenidos más controvertidos de la nueva normativa es la autorización a los Estados miembros para establecer “centros de retorno” (Repatriation Hubs) fuera de la UE. El reglamento permite a los Estados miembros que lo deseen (como Italia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, etc.) negociar con países no pertenecientes a la UE para crear centros destinados a alojar a personas cuyas solicitudes de residencia han sido denegadas. Cabe destacar que las personas enviadas a estos centros podrían no tener ninguna conexión con dicho tercer país.
Bajo el impulso del Parlamento Europeo, el texto final también incluye una disposición más estricta: permitir el envío de familias con hijos menores a estos centros de retorno. Este punto no figuraba en la propuesta inicial de la Comisión Europea y ha sido objeto de amplias críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
Medidas de ejecución estrictas y cláusulas de sanción
Para garantizar la ejecución de los retornos, el nuevo reglamento endurece considerablemente las normativas relacionadas. En primer lugar, las enfermedades que requieran atención médica continua o los lazos familiares ya no se considerarán motivos automáticos para posponer un retorno, lo que augura que los retornos forzosos y rápidos se convertirán en la norma.
En segundo lugar, para las personas que no cooperen con el retorno o que presenten riesgo de fuga, la nueva normativa establece sanciones severas. Los infractores podrán ser detenidos por un período máximo de hasta 30 meses. Para aquellos considerados una amenaza para la seguridad pública, las sanciones serán aún más estrictas, pudiendo enfrentarse a una prohibición de entrada de por vida en la UE.
Además, la nueva normativa introducirá un formulario unificado para la “orden de retorno europea” (ORE) con el fin de promover el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno entre los Estados miembros (actualmente de carácter voluntario). Asimismo, el reglamento establece claramente que la UE podrá adoptar contramedidas contra los países de origen que se nieguen a cooperar en la readmisión de sus nacionales, como restricciones de visado, reevaluación de la ayuda al desarrollo o incluso ajustes en las relaciones comerciales.
Preocupaciones por los derechos humanos y posturas de los Estados miembros
Las duras medidas de la nueva normativa han suscitado la preocupación de los defensores de los derechos humanos. El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, advirtió que cualquier ley que permita la creación de centros de retorno extraterritoriales debe incluir “mecanismos de salvaguardia de los derechos humanos claros y efectivos”, haciendo especial hincapié en la exclusión de los menores no acompañados y los niños que viajan con sus familias. Sin embargo, una declaración conjunta posterior de los gobiernos de los Estados miembros del Consejo de Europa confirmó el derecho de los países a adoptar “nuevos enfoques” y catalogó la creación de centros extraterritoriales como una opción legítima.
Aunque en el seno de la UE existe un consenso mayoritario sobre el endurecimiento de la política migratoria, una minoría de países, liderada por España, mantiene posturas divergentes sobre algunas de las medidas más duras, lo que refleja las continuas divisiones entre los Estados miembros en materia de inmigración.
