Nueva propuesta de ley antiblanqueo en España: El portador deberá justificar el origen del efectivo no declarado
El Gobierno de España ha publicado recientemente el borrador de la Ley de Medidas Integrales para la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, lo que anticipa la adopción de medidas más estrictas contra los flujos de capitales ilícitos en el país. Si se aprueba, esta ley tendrá un profundo impacto en todas las personas que realicen transacciones o transporten grandes cantidades de efectivo dentro del territorio español.
Cambio fundamental: La carga de la prueba se traslada de las autoridades al individuo
La modificación más importante de este anteproyecto de ley reside en la reasignación de la carga de la prueba en los casos de incautación de efectivo no declarado. Esto implica la posible creación de un marco legal radicalmente diferente al actual.
Regulación actual: Hoy en día, es obligatorio declarar ante la aduana o la Agencia Tributaria el transporte de más de 100.000 euros en efectivo dentro de España, o más de 10.000 euros al entrar o salir del país. Si se intercepta dinero no declarado, son las autoridades quienes deben investigar y reunir pruebas para demostrar si los fondos provienen de actividades ilícitas. Si no se puede probar la ilegalidad del dinero, el efectivo incautado debe ser devuelto.
Propuesta del borrador: El nuevo anteproyecto propone que, una vez que las autoridades incauten fondos no declarados, la responsabilidad de demostrar su origen lícito se traslade al portador. Este deberá presentar documentos válidos como nóminas, extractos bancarios, contratos comerciales o facturas de transacciones legales para acreditar la procedencia del dinero. No poder justificar el origen legal de los fondos podría considerarse una infracción grave por sí misma, en lugar de ser simplemente un agravante en la sanción.
Esta propuesta de “inversión de la carga de la prueba” ha generado preocupación en algunos sectores empresariales, que consideran que podría desafiar en la práctica el principio jurídico fundamental de la “presunción de inocencia”.
Se amplía el control a metales preciosos y tarjetas prepago
El borrador no solo modifica las reglas sobre la carga de la prueba, sino que también amplía significativamente el alcance de los “medios de pago” sujetos a control. En el futuro, además de los billetes y monedas tradicionales, los siguientes elementos podrían quedar sometidos a un sistema de vigilancia igualmente estricto:
- Tarjetas prepago no nominativas: para prevenir la transferencia anónima de fondos.
- Bienes preciosos de alta liquidez: incluyendo explícitamente activos de fácil conversión a efectivo como el oro y los diamantes.
- Instrumentos negociables tradicionales: como cheques bancarios, pagarés y letras de cambio.
Además, el borrador subraya que, incluso si se ha realizado una declaración, esta se considerará incumplida si la información es incompleta o no coincide con el importe real transportado, aplicándose las sanciones correspondientes.
Posibles implicaciones para la actividad comercial y los particulares
Aunque la normativa se encuentra todavía en fase de anteproyecto y debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados para entrar en vigor, la señal que envía es inequívoca. Esta reforma es de especial relevancia para los comerciantes de origen chino, hosteleros y autónomos acostumbrados a operar con grandes cantidades de efectivo.
Una vez que la nueva ley entre en vigor, empresas y particulares deberán prestar mayor atención a la conservación formal de justificantes de transacciones y registros de flujos de capital en sus movimientos de grandes sumas de dinero, viajes de negocios transfronterizos y operaciones diarias. Ya se trate de beneficios comerciales legítimos, ahorros personales o donaciones familiares, conservar pruebas documentales claras y completas será clave para evitar posibles riesgos legales. Se recomienda a los afectados que comiencen a adaptar sus hábitos financieros para asegurar que todas las transacciones de gran cuantía estén debidamente documentadas y poder así afrontar un entorno regulatorio previsiblemente más estricto.
