Cierre del curso parlamentario sin avances en la legislación de vivienda
Durante el curso político parlamentario de septiembre de 2025 a julio de 2026, el Congreso de los Diputados no ha logrado aprobar ninguna legislación decisiva sobre la crisis de la vivienda, uno de los principales problemas sociales del país. Según las encuestas continuas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda se mantiene como la principal preocupación para los ciudadanos españoles. Sin embargo, la intensa lucha partidista en el parlamento ha provocado que la mayoría de las ocho iniciativas legislativas discutidas este año fracasaran, sin llegar a soluciones efectivas.
Fracasos reiterados de las medidas de protección del Gobierno
Este año, tres decretos clave impulsados por el Gobierno central fueron rechazados en votación parlamentaria, dejando sin efecto varias medidas destinadas a proteger a inquilinos y familias vulnerables. Entre ellas, la moratoria para prohibir los desahucios de familias vulnerables se presentó y fue rechazada en dos ocasiones. Otra medida más urgente, que extendía obligatoriamente la vigencia de los contratos de alquiler hasta finales de 2027 y prohibía las subidas de precio, fue derogada apenas cinco semanas después de su entrada en vigor por la oposición conjunta del Partido Popular (PP), Junts y Vox.
Además, un nuevo decreto ley de vivienda de carácter integral, que incluía incentivos fiscales para propietarios, el aumento del IVA para los pisos turísticos al 21% y modificaciones a la Ley del Suelo, y cuya aprobación estaba prevista para julio, tuvo que ser aplazado hasta septiembre por no conseguir el apoyo de Junts y Podemos.
La agenda de la oposición avanza y agudiza la división partidista
Entre las cinco iniciativas legislativas presentadas por los partidos de forma independiente, los socios de izquierda del Gobierno también sufrieron reveses. Las propuestas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para gravar a los grandes tenedores y limitar los pisos turísticos, así como la de Sumar para prohibir que las empresas compren propiedades residenciales, no superaron la toma en consideración.
En contraste, el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), sí ha logrado avances en su agenda principal. Sus dos proposiciones de ley —una para endurecer la lucha contra la ocupación ilegal y otra para reformar la Ley del Suelo y derogar la actual Ley de Vivienda— han superado el primer trámite parlamentario con el apoyo de Vox y la abstención o el respaldo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts, pasando ahora a la fase de debate de enmiendas. Esto indica un desplazamiento del foco del debate parlamentario desde la agenda de protección social del Gobierno hacia la agenda de desregulación y refuerzo del derecho de propiedad de la derecha.
Divisiones de fondo y perspectivas de futuro
El bloqueo legislativo actual se fundamenta en las profundas diferencias ideológicas de los partidos sobre la vivienda. Por un lado, la coalición de gobierno y los partidos de izquierda apuestan por proteger a los inquilinos mediante medidas directas como la intervención de precios, la prórroga de contratos y la limitación de desahucios. Por otro lado, las fuerzas de derecha y centro, lideradas por el Partido Popular, abogan por estimular la oferta de mercado aumentando el suelo disponible, agilizando los trámites urbanísticos y combatiendo la ocupación ilegal para atajar la raíz del problema.
Con el inicio del nuevo curso político, el principal desafío para el Gobierno español será alcanzar un acuerdo sobre el decreto de vivienda aplazado antes de septiembre. Si no se logra romper el bloqueo, se prevé que la vivienda continúe siendo el tema más controvertido y divisivo en el debate parlamentario del próximo año, mientras la crisis habitacional en España sigue agravándose.
