El pasado 9 de agosto, la ciudad autónoma española de Ceuta, en el norte de África, fue escenario de una manifestación sin precedentes. Más de 15.000 residentes locales se congregaron en la Plaza de la Constitución para expresar su profundo descontento por la entrada masiva de inmigrantes ilegales ocurrida el 30 de julio, exigiendo al Gobierno central de España la implementación inmediata de medidas de control fronterizo más estrictas para garantizar la seguridad local.
Inédita unión de comunidades religiosas y partidos políticos
La convocatoria de esta masiva concentración fue promovida por las cuatro principales comunidades religiosas de Ceuta: cristiana, musulmana, judía e hindú. Los organizadores destacaron que la acción buscaba transmitir un mensaje de unidad por encima de las diferencias religiosas y las posturas políticas. Durante el acto, los asistentes guardaron un minuto de silencio por las 83 personas fallecidas recientemente al intentar cruzar el mar de forma clandestina.
Posteriormente, las cuatro comunidades religiosas emitieron un comunicado conjunto señalando que Ceuta se enfrenta a una “situación de crisis excepcionalmente grave”. En él, hicieron un enérgico llamamiento al Gobierno central para que aborde de manera definitiva los problemas crónicos de la ciudad, como la debilidad en la defensa fronteriza, la insuficiencia de efectivos policiales y la escasez de recursos de seguridad. El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, así como representantes de partidos como el PSOE, Ceuta Ya! y MDyC, estuvieron presentes en apoyo a la manifestación, mientras que Vox no participó en el evento.
Los manifestantes rodean la Delegación del Gobierno para exigir dimisiones
Una vez finalizada la concentración oficial en la Plaza de la Constitución, un gran número de manifestantes marchó de forma espontánea hacia la Delegación del Gobierno en Ceuta, ubicada en la Plaza de los Reyes. Algunos corearon consignas en defensa de la soberanía española, exigieron la expulsión de los inmigrantes que entraron ilegalmente en los últimos días e instaron a la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez de Triano.
La tensión entre la multitud fue palpable en varios momentos, y se escucharon duras críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Para evitar que la situación se descontrolara, la Policía Nacional desplegó de urgencia a agentes antidisturbios y varios vehículos policiales, estableciendo un cordón de seguridad alrededor del edificio gubernamental. Los manifestantes permanecieron frente a la entrada durante más de media hora, intentando dialogar directamente con algún representante del Gobierno, sin éxito.
La policía inicia varios procedimientos de expulsión judicial
Paralelamente a la presión ciudadana, la Policía Nacional ha confirmado que ya ha comenzado a actuar sobre las personas que cruzaron ilegalmente la frontera de Ceuta el 30 de julio. Hasta la fecha, la policía ha ejecutado 7 expulsiones judiciales. Según se informa, todos los expulsados tenían antecedentes penales o estaban inmersos en otros procesos judiciales.
La expulsión más reciente se llevó a cabo el 8 de agosto en el paso fronterizo del Tarajal. Un hombre de nacionalidad marroquí había entrado ilegalmente en una vivienda en el centro de Ceuta, donde fue descubierto por el propietario mientras yacía en una cama. El individuo intentó huir por el balcón, pero fue reducido inmediatamente por la policía que acudió al lugar. Los registros mostraron que el hombre ya tenía una orden de prohibición de entrada a España dictada por las autoridades de Valencia, por lo que la policía procedió a su expulsión conforme a la ley.
