Nueva normativa en marcha: arranca la Responsabilidad Ampliada del Productor
Desde el 12 de agosto, el esperado Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR) ha comenzado su aplicación por fases en toda la Unión Europea. Según la nueva normativa, todos los fabricantes y envasadores deben registrarse en los organismos oficiales, o sus productos se enfrentarán a la prohibición de su venta. Los distribuidores y supermercados también tienen la responsabilidad de asegurar que sus proveedores en la cadena de suministro cumplan con la regulación.
El núcleo de la nueva ley es la ‘Responsabilidad Ampliada del Productor’ (RAP). Ahora, las empresas deben asumir la responsabilidad financiera de la recogida y tratamiento de los residuos generados por sus envases. A través de un mecanismo llamado ‘ecomodulación’, el diseño del envase afectará directamente a los costes de la empresa: cuanto más pesado y difícil de reciclar sea el material, mayor será la tarifa que la empresa deberá pagar al sistema de reciclaje. Un responsable de Ecoembes, la organización medioambiental, señala que, aunque el diseño de envases ecológicos puede ahorrar costes a las empresas en el futuro, la inversión inicial en I+D y la adaptación de las líneas de producción suponen un desafío considerable para muchas compañías, especialmente para las pymes.
Sistema de depósito para bebidas: España podría adelantarse
Para los consumidores, el cambio más tangible será la introducción del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDR). La UE exige que todos los Estados miembros establezcan este mecanismo para botellas de plástico de un solo uso y latas de metal de hasta tres litros de capacidad, a más tardar en enero de 2029.
El plan de España podría ser más ambicioso. Según un Real Decreto aprobado en el país a finales de 2022, si la tasa de recogida selectiva de botellas de plástico no alcanza el objetivo preestablecido, se deberá activar obligatoriamente el sistema de depósito. Los datos oficiales muestran que la tasa de reciclaje correspondiente en España para 2023 fue solo del 41 %, muy por debajo del objetivo nacional del 70 %. Por lo tanto, bajo el marco legal actual, se espera que España ponga en marcha oficialmente este sistema en noviembre de este año. A partir de entonces, al comprar las bebidas designadas, los consumidores pagarán un depósito adicional de al menos 10 céntimos de euro por envase, que podrán recuperar al devolver la botella o lata vacía en un punto de recogida autorizado.
Los retos del sector minorista y el temor a la repercusión de costes
La implantación del sistema de depósito supondrá una presión enorme para los comerciantes minoristas. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) ya ha advertido que la logística y el espacio son los mayores desafíos. Los comercios no solo tendrán que gestionar el proceso de devolución, sino también destinar un valioso espacio para almacenar grandes cantidades de botellas y latas vacías. Esto es especialmente difícil para las pequeñas tiendas urbanas, con espacio ya limitado, y algunos podrían incluso necesitar invertir en máquinas de retorno automático.
Aunque los cambios de la nueva normativa no se manifestarán de forma inmediata y generalizada en el consumo, su efecto dominó ya ha comenzado. Las inversiones de las empresas para cumplir con la ley —en rediseño de envases, actualización logística y tasas de reciclaje— aumentarán inevitablemente. La cuestión de si estos nuevos costes operativos se trasladarán finalmente a los consumidores a través de los precios de los productos y la hostelería se ha convertido en un foco de atención para el mercado y el público. Por su parte, las organizaciones de consumidores afirman que el Gobierno debe tomar medidas para supervisar y garantizar que las empresas no repercutan todos los costes adicionales en el comprador final.
