Introducción
Según datos del Ministerio de Trabajo, el número de personas afectadas por despidos colectivos en España aumentó un 15,6 % interanual en los primeros cinco meses de 2024, hasta alcanzar las 16.931. En este contexto, un conflicto laboral en Salamanca ha cobrado especial relevancia. El caso, que afecta a 25 bomberos despedidos, ha concluido con una sentencia que declara los despidos como improcedentes y condena a la empresa a una indemnización total de más de 571.000 euros.
Origen del conflicto: la finalización de un contrato de externalización
El conflicto se originó el 1 de enero de 2024, con el cambio en la gestión del servicio del parque de bomberos de Villares de la Reina. Al finalizar su contrato, la empresa concesionaria saliente, Demontes, comunicó a sus 25 bomberos que sus contratos de trabajo serían subrogados por ley por la nueva entidad gestora, la Diputación Provincial de Salamanca.
Sin embargo, la Diputación Provincial de Salamanca se negó a reconocer dicha subrogación y rechazó explícitamente la incorporación de la plantilla. Este bloqueo dejó a los 25 bomberos en una situación de desempleo colectivo, por lo que decidieron recurrir a la vía judicial para defender sus derechos.
Fallo judicial: el tribunal lo considera un despido improcedente
Tras fracasar el acto de conciliación, el caso fue remitido al Juzgado de lo Social número 3 de Salamanca. El tribunal dictó sentencia el 11 de junio de 2024, determinando que no existía una “sucesión de empresas” en términos legales, por lo que la Diputación Provincial de Salamanca no estaba obligada a subrogar a la plantilla.
En consecuencia, el juzgado consideró que la comunicación unilateral de la finalización de los contratos por parte de la subcontrata Demontes constituía, en la práctica, un despido improcedente.
Consecuencias del fallo y su impacto
Según la legislación laboral española, tras una declaración de despido improcedente, la empresa puede optar por readmitir al empleado o abonarle la indemnización correspondiente. En este caso, Demontes ha elegido la segunda opción, acordando pagar a los 25 bomberos un total de más de 571.000 euros.
Aunque Demontes aún tiene la opción de recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, este fallo ya tiene una repercusión importante. Delimita con claridad las responsabilidades legales de la subcontrata saliente y de la administración pública en la finalización y reversión de contratos de servicios externalizados, sentando un precedente judicial clave para la protección de los derechos de los trabajadores en el actual contexto laboral.
