Un informe policial en el punto de mira: Marruecos acusado de “orquestación”
El epicentro de esta tormenta política es un documento remitido a la Audiencia Nacional por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional. El informe sostiene que la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio no fue un suceso espontáneo, sino una operación dirigida y planificada por la Gendarmería y agentes de paisano marroquíes. Si la investigación judicial concluye que se trató de una acción concertada por una potencia extranjera, la Audiencia Nacional asumirá formalmente la competencia sobre el caso.
Sin embargo, la postura oficial del Gobierno central muestra una clara discrepancia con las conclusiones del informe. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que el Gobierno desconocía la existencia de dicho documento y ha solicitado a la policía que aclare su origen y fecha de elaboración. Posteriormente, el director general de la Policía Nacional informó al Ministerio que, por el momento, no existe un informe policial oficial que responsabilice a Marruecos. Miembros del Gobierno han pedido prudencia a la sociedad, subrayando la necesidad de verificar todos los hechos antes de llegar a conclusiones.
La brecha política se ahonda: la oposición lo califica de “guerra híbrida”
Este controvertido informe se ha convertido rápidamente en un arma de la oposición contra la coalición de gobierno. El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, durante una visita a Ceuta, acusó duramente al Gobierno del presidente Pedro Sánchez de ocultar la verdad y engañar a los ciudadanos. Exigió la convocatoria inmediata del embajador de Marruecos en España y la llamada a consultas del embajador español en Rabat, además de reiterar su petición de un adelanto electoral. Tanto el PP como el partido de ultraderecha Vox han llevado sus protestas al Parlamento Europeo en Bruselas, denunciando que esta crisis migratoria es una “guerra híbrida” lanzada por Marruecos y urgiendo a la UE a imponer sanciones, como la suspensión de acuerdos y visados.
Dentro de la propia coalición de gobierno también han surgido voces discordantes. La coalición de izquierdas Sumar considera que, independientemente de la veracidad final del informe, Marruecos debe asumir su responsabilidad por su acción u omisión en el control fronterizo. Su facción interna, Izquierda Unida (IU), ha declarado explícitamente que si se demuestra que el ministro Marlaska conocía los hechos de antemano, debe dimitir. Además, el principal sindicato policial, JUPOL, se ha pronunciado exigiendo responsabilidades políticas a varios altos cargos, incluido el ministro del Interior.
Ceuta sufre un golpe sin precedentes y el Gobierno central aprueba una ayuda millonaria
Durante el acto oficial del Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta el 2 de septiembre, su presidente, Juan Jesús Vivas, confesó que la ciudad ha sufrido “un golpe casi letal” y “una grave vulneración de su integridad territorial”. Vivas instó a esclarecer la verdad y a repatriar rápidamente, dentro del marco legal, a los migrantes que entraron irregularmente a finales de julio. En respuesta, el presidente Sánchez publicó un vídeo reconociendo el descontento de los ceutíes con la respuesta del Estado, y la Casa Real española también expresó su apoyo a la ciudad a través de las redes sociales.
Un mes después del estallido de la crisis, la seguridad y los servicios públicos de Ceuta se encuentran bajo una presión extrema. Se han registrado continuos incidentes graves, como conflictos entre migrantes, agresiones a policías y lanzamiento de piedras contra convoyes militares. Según datos sanitarios, en el último mes se han realizado 10.725 atenciones médicas a migrantes, una media de 331 diarias, principalmente por traumatismos. Para aliviar la presión local, el Gobierno central ha aprobado una partida especial de 309 millones de euros para la gestión de la crisis. A nivel nacional, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado concentraciones en solidaridad con Ceuta, donde también más de 500 ciudadanos participaron en una carrera solidaria. Paralelamente, la Guardia Civil ha comenzado el traslado de 17 migrantes subsaharianos desde las Islas Chafarinas a Melilla para descongestionar la presión en la frontera.
