El 23 de septiembre, un desahucio forzoso conmocionó a la sociedad en Madrid, la capital de España. Maricarmen, una anciana local de 87 años, fue sacada a la fuerza por la policía antidisturbios del piso en el que había vivido durante setenta años, al expirar su contrato original y no poder asumir la drástica subida del alquiler. Este desahucio exacerbó rápidamente el descontento popular por la crisis de la vivienda, provocando graves y violentas protestas en las calles de Madrid con la participación de más de diez mil personas.
La adquisición por fondos dispara el alquiler y deja a la anciana en la calle
El apartamento en cuestión, de unos 92 metros cuadrados, alberga la mayor parte de la vida de Maricarmen. Según datos públicos, la anciana cobra una pensión fija de apenas 1.350 euros mensuales, y durante más de medio siglo, el alquiler de su vivienda se había mantenido en torno a los 500 euros. Sin embargo, tras la adquisición del inmueble por el nuevo propietario, Urbagesa, este incrementó unilateralmente la mensualidad hasta los 2.650 euros, superando por completo el límite económico de la inquilina. Tras acudir a los tribunales, la justicia falló a favor del propietario. En la madrugada del 23 de septiembre, la policía antidisturbios y la comisión judicial ejecutaron la orden, y la octogenaria acabó siendo desalojada del edificio en camilla.
Mediación urgente de organismos internacionales y el rechazo a las concesiones

En la víspera del desalojo forzoso, cientos de simpatizantes acamparon voluntariamente durante toda la noche frente al bloque de pisos, intentando impedir la acción policial mediante un cordón humano. La gravedad de los hechos llevó a organizaciones vinculadas a las Naciones Unidas a pronunciarse públicamente, pidiendo la paralización del procedimiento de desahucio para proteger el derecho a la vivienda de los colectivos vulnerables. El gobierno de Madrid llegó a proponer una solución de compromiso para comprar el inmueble directamente a precio de mercado, e incluso un autor de bestsellers anónimo se ofreció a cubrir el enorme déficit entre el antiguo y el nuevo alquiler de su propio bolsillo. A pesar de las múltiples alternativas puestas sobre la mesa, la empresa implicada, Urbagesa, se negó en rotundo a entrar en ningún mecanismo de negociación, manteniendo su postura inflexible de vaciar la vivienda de inmediato.
Las declaraciones políticas indignan al público y la concentración pacífica termina en violencia
La fractura social generada por el suceso se extendió rápidamente del ámbito vecinal al político. Irónicamente, el mismo día en que Maricarmen perdía su hogar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asistía a una gran cumbre inmobiliaria y agradecía públicamente la labor del capital. Esta actitud encendió por completo la indignación popular, y más de diez mil manifestantes se concentraron apuntando directamente hacia una vivienda de lujo valorada en 6,3 millones de euros, propiedad de la presidenta y que llevaba tiempo vacía. La multitud coreó al unísono debajo de la vivienda “la casa de Ayuso para Maricarmen”, llevando el ambiente de la marcha a su punto álgido.
A medida que la ira se descontrolaba, la enorme manifestación cortó el Paseo de la Castellana, la principal arteria de Madrid. Para restablecer el orden por la fuerza, la policía antidisturbios utilizó pelotas de goma para despejar la zona, lo que provocó que esta concentración de apoyo se convirtiera finalmente en un violento enfrentamiento. Varios ciudadanos que participaban en la protesta resultaron heridos en el lugar de los hechos, y la policía local practicó múltiples detenciones, entre ellas la de un manifestante de 72 años.