El Gobierno de España ha elaborado recientemente dos nuevos decretos ley y un extenso borrador de reforma fiscal sobre la vivienda para abordar la actual crisis habitacional en el país. Según la información revelada a finales de septiembre de 2026, esta serie de reformas se centra en la protección de los derechos de los inquilinos, incentivos fiscales para los propietarios, regulación de los alquileres turísticos de corta duración y apoyo financiero para la compra de la primera vivienda. Sin embargo, los proyectos de ley correspondientes aún no han entrado en vigor, y algunas cláusulas fundamentales todavía requieren la revisión y aprobación del Congreso de los Diputados.

Prórroga de la protección a grupos vulnerables y propuesta de renovación de contratos
En cuanto a la garantía del derecho básico a la vivienda de los inquilinos, el Gobierno español anunció que el período de protección contra desahucios para grupos vulnerables se prorrogará directamente hasta el 31 de diciembre de 2030. Al mismo tiempo, para frenar la especulación, la nueva normativa prevé implementar restricciones de compra para los fondos de inversión identificados como participantes en actividades de especulación inmobiliaria.
Respecto a la duración de los arrendamientos, el borrador propone probar un mecanismo de prórroga automática de los contratos de alquiler. Específicamente, los contratos de cinco años firmados con pequeños propietarios y los de siete años con personas jurídicas se renovarán automáticamente a su vencimiento; si los contratos vigentes expiran antes de finales de 2028, se permitirá una prórroga adicional de dos años. No obstante, el Gobierno reconoce que esta cláusula de prórroga automática se ha incluido por separado en la segunda normativa y aún no cuenta con el consenso total de los grupos parlamentarios, por lo que todavía corre el riesgo de ser rechazada en la votación del Congreso.
Implementación de un sistema de bonificaciones y penalizaciones fiscales escalonadas para el alquiler
Para fomentar la bajada de los precios del alquiler, el borrador de la reforma fiscal contempla un sistema de bonificaciones escalonadas en el IRPF para los propietarios, basado en el porcentaje de rebaja del alquiler. Para los pequeños propietarios, si reducen el alquiler en más de un 5%, podrán disfrutar de una bonificación de hasta el 100% sobre el rendimiento neto del alquiler; si mantienen el nivel de alquiler actual, la bonificación será del 50%.
Por el contrario, si los propietarios deciden subir el alquiler, sus beneficios fiscales disminuirán drásticamente a medida que aumente la subida. Los tramos específicos son: para incrementos de alquiler de hasta el 5%, una bonificación del 40%; para incrementos entre el 5% y el 10%, una bonificación del 30%; si el incremento supera el 20%, la bonificación caerá bruscamente al 15%.
Por otro lado, los inquilinos jóvenes que cumplan determinadas condiciones también recuperarán la deducción fiscal por alquiler a nivel estatal. Los inquilinos con una base imponible anual inferior a 33.007,20 euros podrán solicitar una deducción del 10% de las cantidades abonadas por el alquiler. Las estimaciones oficiales indican que estas medidas beneficiarán a unos 1,6 millones de hogares, permitiendo a algunas familias ahorrar hasta el equivalente a un mes de alquiler.
Endurecimiento del control fiscal sobre los alquileres turísticos y las viviendas vacías
Para aliviar la tensión entre la oferta y la demanda en el mercado del alquiler, la nueva normativa intensifica la intervención fiscal sobre los alquileres de corta duración y las viviendas desocupadas. A partir del 1 de octubre de 2026, el Gobierno planea aplicar un IVA general del 10% a los alojamientos amueblados de corta duración y viviendas de uso turístico cuyos arrendamientos no superen las 30 noches.
A nivel municipal, los ayuntamientos recibirán autorización para aplicar recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías. Para los inmuebles ubicados en zonas tensionadas que lleven desocupados más de dos años, se podrá aplicar un recargo de hasta el 50% en el IBI; si el propietario posee más de cuatro viviendas vacías o de uso turístico, el recargo podrá dispararse hasta el 100%. Además, si las SOCIMI no destinan sus activos principales al sector de la vivienda asequible, sus beneficios no distribuidos se enfrentarán a un tipo impositivo penalizador del 25%.
Apoyo crediticio para la primera vivienda y reducción del IVA para la vivienda pública
Además de las medidas para el mercado del alquiler, el Gobierno de España también ha introducido iniciativas de apoyo para la compra y construcción de inmuebles. El tipo de IVA aplicable a la construcción de vivienda pública se reducirá al 4%.
Para las familias que adquieran su primera vivienda, el Gobierno planea ofrecer préstamos sin intereses a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Esta línea de crédito puede cubrir hasta el 20% del valor total de la vivienda y establece un límite máximo de financiación de 50.000 euros, con el objetivo de reducir la barrera económica inicial para los compradores que necesitan una vivienda de forma apremiante.