Nueva ley a punto de entrar en vigor, pero la falta de desarrollo normativo genera confusión en el sector
Según la Ley 8/2026 de Erradicación del Amianto de Cataluña, aprobada en julio de 2026, a partir del 3 de octubre del mismo año, para cualquier transacción de venta o alquiler de un inmueble en la región, el propietario deberá presentar un certificado que acredite si la propiedad contiene o no materiales con amianto. Aunque la ley otorgaba al Govern un año para desarrollar el reglamento de aplicación, a 30 de septiembre los criterios específicos de ejecución aún no se han publicado. Este vacío legal ha dejado a notarios, registradores de la propiedad, bancos, agencias inmobiliarias y profesionales de la construcción sin saber cómo proceder, sumiendo a todo el mercado inmobiliario en una gran incertidumbre.
Riesgo de parálisis en las transacciones: el dilema de notarías y bancos
El impacto más directo de la nueva normativa es la posible paralización forzosa de un gran número de transacciones inmobiliarias. El Colegio de Notarios de Cataluña ya ha dejado claro que los notarios, al formalizar una operación, deben asegurarse de que cumple con toda la legislación vigente. Si el certificado de amianto se considera un documento obligatorio para la firma, a partir del 5 de octubre (primer día laborable tras la entrada en vigor de la norma), ninguna transacción que carezca de dicho certificado podrá ser escriturada. El sector inmobiliario advierte que esto podría provocar un atasco de miles de operaciones. Algunas entidades bancarias también han tomado medidas preventivas, solicitando la suspensión de las ofertas y firmas de préstamos hipotecarios para evitar el riesgo de conceder un crédito sin poder inscribir posteriormente la propiedad.
Cuestiones clave aún sin resolver
Actualmente, el mercado sigue teniendo dudas sobre muchos detalles fundamentales de la nueva norma, que requieren una aclaración urgente por parte del Govern:
- Ámbito de aplicación: ¿La normativa se aplica solo a edificios antiguos construidos antes de 2002 (año en que se prohibió el amianto en España) o abarca todos los inmuebles, incluyendo obra nueva, naves industriales, terrenos e incluso fincas rústicas? Tampoco está claro si se aplica a formas especiales de transmisión de la propiedad como las ejecuciones hipotecarias, daciones en pago o la transmisión del usufructo.
- Estándares del certificado: A la espera de una regulación oficial, la Agencia de Residuos de Cataluña publicó el 30 de septiembre una nota provisional exigiendo que el certificado incluya, como mínimo, la identificación de amianto visible a simple vista, una evaluación del estado de conservación del material y un análisis de riesgos potenciales. Por ahora, este documento puede ser emitido por arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos.
- Costes y sanciones: No existe una tarifa oficial para obtener el certificado de amianto. Las primeras estimaciones del sector apuntan a que el coste podría partir de los 150 euros, variando en función del tipo de inmueble, su superficie, los desplazamientos del técnico y la necesidad de realizar análisis de muestras. Además, tampoco se ha especificado qué sanciones se aplicarán por incumplir la obligación de presentar el certificado.
Expectativas del mercado y el compromiso del Govern
Ante la inminente fecha de entrada en vigor y la creciente ansiedad en el sector, todas las partes implicadas esperan la guía definitiva del Govern de Cataluña. El gobierno se ha comprometido a publicar unos criterios orientativos antes de que la nueva ley entre en vigor, con el objetivo de aportar la claridad necesaria al mercado y evitar un estancamiento prolongado de las transacciones inmobiliarias. Sin embargo, hasta que no se concrete el reglamento definitivo, la incertidumbre seguirá siendo la tónica dominante en el mercado.