El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado recientemente el plan de la ciudad para lanzar un proyecto piloto de supermercado público en 2027. La idea, que se incluyó en la agenda tras un intercambio con el político neoyorquino Zohran Mamdani sobre un tema similar, busca ofrecer a los ciudadanos alimentos más asequibles mediante la intervención pública.
Panorama del plan y motivación política

Según la planificación inicial, el primer supermercado público se ubicará en un edificio de vivienda pública, dando prioridad a algunos barrios en desarrollo. Su gestión podría ser delegada a entidades sociales u organizaciones no gubernamentales y combinarse con programas sociales como la formación profesional y la inserción laboral para generar múltiples beneficios.
El principal motor de esta iniciativa es la grave inflación que ha afectado a España en los últimos años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación general ha aumentado alrededor de un 25% en los últimos cinco años, mientras que el incremento acumulado de los precios de los alimentos ha alcanzado un alarmante 35%. El alcalde Collboni ha subrayado que, ante la crisis del coste de la vida, “las políticas públicas son efectivas” y que las administraciones no pueden dejar los precios y el suministro completamente en manos de las fuerzas del mercado, sino que deben actuar.
Cuestionamientos del mercado y preocupación por la competencia
El anuncio del plan ha generado una fuerte reacción en el sector minorista español. Los profesionales del sector argumentan que, a diferencia de algunas zonas de Estados Unidos con “desiertos alimentarios”, la red de suministro de alimentos en España es relativamente sólida y los residentes pueden acceder fácilmente a productos frescos. Especialmente en Barcelona, que cuenta con una densa red comercial que incluye 39 mercados municipales.
Por lo tanto, la principal preocupación se centra en la competencia. Tanto los expertos del sector como los propietarios de pequeños negocios temen que un supermercado subvencionado con fondos públicos represente una competencia desleal para los mercados tradicionales y las tiendas de barrio, pudiendo afectar su viabilidad. Cuestionan la necesidad de invertir recursos públicos en la apertura de un supermercado en una ciudad ya comercialmente saturada.
Posibles modelos y divisiones políticas
Existen diversas especulaciones sobre el modelo de negocio del supermercado público. Una posibilidad es que siga el ejemplo de los “supermercados sociales” del Reino Unido, adquiriendo alimentos excedentes o próximos a su fecha de caducidad de grandes cadenas para venderlos a precios significativamente más bajos. Mientras tanto, un plan similar que se está desarrollando en Nueva York es de mayor envergadura, con un presupuesto de 70 millones de euros y el ambicioso objetivo de fijar los precios de los alimentos básicos un 30% por debajo del mercado.
Sin embargo, el plan también enfrenta oposición dentro del Ayuntamiento de Barcelona. Fuerzas políticas como Junts y el Partido Popular (PP) ya han expresado sus dudas sobre la iniciativa, centrando su preocupación en cómo las subvenciones públicas podrían distorsionar la competencia del mercado. Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase muy preliminar, y detalles clave como su modelo operativo final, ubicación específica, estrategia de precios y fuentes de financiación aún deben ser definidos y anunciados por el consistorio.