El caso se abre en Madrid
Según informa EL PAÍS, el llamado caso “Cuarteles” en España comenzó a juzgarse el 5 de octubre en la Audiencia Provincial de Madrid. El caso gira en torno a presuntas irregularidades en adjudicaciones de obras de mantenimiento en varias instalaciones de la Guardia Civil y, al inicio de la vista, la defensa dirigió sus críticas contra el departamento interno Asuntos Internos, encargado de la investigación.
La defensa cuestiona el motivo de la investigación
El abogado del principal acusado, el teniente general retirado Pedro Vázquez Jarava, acusó en sala a los investigadores de mostrar “animadversión” hacia su cliente y sostuvo que la investigación había confeccionado unos cargos “a medida”. La defensa subrayó además que la investigación nació de una denuncia anónima, cuyas pistas fueron archivadas en 2017 por el entonces director general José Manuel Hidalgo, pero se reactivaron dos años después a raíz de otra denuncia anónima.
La Fiscalía apunta a contratos y contraprestaciones
La acusación pública sostiene que el asunto debe esclarecer si entre 2016 y 2017 Vázquez Jarava, entonces segundo coordinador general de la Guardia Civil y responsable de los recursos económicos y patrimoniales, impulsó que varias comandancias adjudicaran pequeñas obras al contratista Ángel Ramón Tejera de León, alias “Mon”, con quien mantenía vínculos. La Fiscalía afirma que las obras afectaron a problemas de impermeabilización y humedades en varios cuarteles.
La Fiscalía añade que, como contraprestación, Tejera de León pudo haber ofrecido al alto mando viajes, entre ellos dos desplazamientos a Milán y Cardiff para asistir a las finales de la Liga de Campeones de 2016 y 2017, además de otros movimientos de dinero. Durante el juicio, la acusación mencionó que varias obras se ejecutaron de forma “inadecuada” porque el contratista carecía de medios propios y después las subcontrató a otras empresas.
Peticiones enfrentadas
El caso será juzgado por un jurado, elegido el día 5. Además de Vázquez Jarava, Tejera de León también se sienta en el banquillo. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y dos asociaciones personadas —la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil y la AUGC— piden una condena de un año de prisión para cada uno por cohecho. La defensa solicita la absolución.