El riesgo volcánico en Canarias genera atención
El Consejo de Ministros de España aprobó el 6 de octubre la nueva versión de la directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo volcánico, publicada oficialmente y en vigor desde ese mismo sábado. Esta nueva normativa sustituye a la aprobada en 1996 e incorpora la experiencia de la actividad volcánica y los avances científicos acumulados en las últimas décadas. En los últimos años, el archipiélago canario ha registrado diversos episodios, como la erupción submarina frente a El Hierro entre 2011 y 2012 y la de Tajogaite en La Palma en 2021, que se prolongó durante unos 85 días.
Según la planificación recientemente aprobada por el Gobierno, la probabilidad de que se produzca al menos una erupción volcánica en Canarias en los próximos 50 años es del 77,69 %. Esta cifra supera ampliamente el umbral del 5 % fijado por el Gobierno para la planificación, convirtiendo a la comunidad autónoma en la única de España obligada a redactar planes de emergencia específicos en aplicación de esta norma. Las autoridades señalaron que este porcentaje estadístico no implica que una erupción sea inminente ni permite predecir con exactitud el momento o la isla afectada, por lo que no se han emitido nuevas alertas de emergencia.
Ampliación de la evaluación de catástrofes
Uno de los cambios relevantes de la nueva directriz es la inclusión explícita de las erupciones volcánicas submarinas dentro de la planificación de emergencia. Además del riesgo derivado de las coladas de lava, las administraciones competentes deberán evaluar los peligros asociados a los gases volcánicos, la sismicidad, la deformación del terreno, los deslizamientos de ladera y los efectos secundarios como incendios, contaminación del agua subterránea y del suelo, daños a cultivos y tsunamis. Incluso tras el cese de la erupción, ciertas zonas podrían no ser habitables temporalmente debido a la persistencia de gases nocivos u otros riesgos.
Actualización de planes de emergencia y mapas digitales
De acuerdo con la nueva normativa, los organismos estatales y autonómicos deberán perfeccionar los planes de emergencia correspondientes a las islas y municipios con mayor riesgo, los cuales incluirán mapas de zonas de peligro, vigilancia volcánica, sistemas de alerta, áreas seguras y procedimientos de evacuación. Dado que Canarias constituye un destino turístico muy concurrido, las evaluaciones de riesgo deberán tener en cuenta tanto a los residentes como a los visitantes y transeúntes. Asimismo, los mapas de peligrosidad se pondrán a disposición de la ciudadanía en formato digital para facilitar el conocimiento del riesgo. Las autoridades recalcaron que el objetivo principal de estas medidas es reforzar la capacidad de prevención y respuesta.