El 20 de octubre de 2026, el presidente de la organización empresarial española CEOE, Antonio Garamendi, anunció que la CEOE interpondrá una impugnación legal contra la huelga de vivienda convocada para el 11 de noviembre. Indicó que la convocatoria incluye contenidos de políticas públicas, por lo que no cumple con los requisitos de legalidad para una huelga.
Durante un acto, Garamendi señaló que, aunque los organizadores han incluido cuestiones laborales, se trata en esencia de “la primera huelga electoral de la historia”. Cuestionó las verdaderas motivaciones del paro y subrayó que las empresas y los autónomos no son responsables del problema de la escasez de vivienda en España, abogando por el diálogo y la búsqueda de soluciones.
La convocatoria de esta huelga de vivienda está liderada por los sindicatos CCOO y UGT, con el objetivo de defender el derecho constitucional a la vivienda y promover el aumento salarial y la negociación colectiva. Los sindicatos consideran que esta movilización puede atraer la atención social hacia la crisis de la vivienda y forzar las reformas necesarias. Asimismo, mencionaron que el continuo incremento del coste de la vida obliga a los trabajadores a buscar mejoras.
Por su parte, Garamendi manifestó que los resultados de la huelga podrían generar un impacto negativo en el empleo y la economía, y apuntó que los sindicatos deberían colaborar con las empresas en lugar de optar por una vía de confrontación como la huelga. Además, planteó que las actuales políticas en materia de salarios y seguridad social deben ser analizadas en profundidad para garantizar la sostenibilidad empresarial.