El Gobierno vasco adquiere 510 viviendas
Alrededor de 500 familias del barrio de Benta Berri, en San Sebastián, se enfrentaban en los últimos meses a la amenaza de un desalojo forzoso. Estos residentes viven en viviendas de protección oficial que iban a perder esta calificación de protección social en noviembre de 2028. La propietaria de los inmuebles, la inmobiliaria Testa, vinculada al fondo de inversión Blackstone, había advertido previamente a los inquilinos de que los pisos entrarían en el mercado libre tras dicha fecha.
Evitar un fuerte aumento de los alquileres
Antes de perder el estatus de protección, estas familias pagaban alquileres mensuales de entre 800 y 1.000 euros. La cancelación del carácter protegido habría allanado el camino para un fuerte incremento de las rentas. Ante esta situación, el Ejecutivo vasco intervino y ayudó a estos residentes mediante una operación de compraventa para adquirir las 510 viviendas afectadas en su totalidad.
Un precedente para la administración pública en España
Según la información facilitada, se trata de la primera ocasión en que una administración pública en España adquiere un lote de viviendas de esta magnitud a un fondo de inversión, logrando así prorrogar el régimen de protección de los inmuebles.