La policía italiana desmanteló recientemente en la zona de Pero, en las cercanías de Milán, un banco clandestino que operaba de manera secreta durante tres años. La organización supuestamente facilitaba servicios de lavado de dinero para la mafia, narcotraficantes y empresas evasoras de impuestos. La operación fue liderada por la fiscalía anticriminalidad de Milán, con registros simultáneos en 26 provincias italianas, y en cooperación con las autoridades policiales de España y Suiza.
En la operación fueron detenidas 30 personas, de las cuales 16 están en prisión y 14 cumplen arresto domiciliario. Los activos confiscados superan los 21 millones de euros. La investigación reveló que el banco clandestino emitía facturas falsas a través de 18 empresas ficticias, ayudando a empresarios de sectores de construcción y logística a evadir impuestos. Los empresarios transferían fondos a estas empresas fantasma y los retiraban en efectivo, con organizaciones que cobraban comisiones del 2% al 5%. Las facturas fraudulentas por valor de miles de millones de euros y aproximadamente 68 millones de euros en fondos también fueron transferidos al extranjero.
Durante el operativo, se informó que dos chinos estaban encargados de recolectar efectivo en la comunidad china, y un narcotraficante de Calabria entregó más de 5 millones de euros en drogas mediante un “correo de transporte”. Además, el banco clandestino utilizaba criptomonedas y cuentas en el extranjero para mover fondos, supuestamente para lavar ganancias de fraudes en línea.
La acción también reveló vínculos con la mafia y posibles casos de filtraciones por parte de funcionarios públicos. Un exinspectores de la policía tributaria fue acusado de cobrar 3,000 euros a un sospechoso chino para filtrar información sobre impuestos relacionados con su suegro, prometiendo ayudar en temas fiscales. Aunque la policía desmanteló el banco, continúan las investigaciones sobre los movimientos de fondos y otras personas implicadas. Todo lo mencionado son solo indicios de la investigación; la culpabilidad de los involucrados será determinada por las autoridades judiciales.