El 3 de noviembre de 2026, el Gobierno de España aprobó una ley de apoyo urgente para las víctimas del incendio en Urdà (Toledo), destinando 30 millones de euros para asistencia económica directa y agilizar los procesos de compensación, evitando retrasos por procedimientos normales.
La medida fue presentada por Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad Sostenible. El objetivo principal es brindar apoyo económico oportuno a las víctimas y sus familias, adelantando parte de las indemnizaciones de seguros. La ley también complementa el marco legal vigente que ya proporciona apoyo integral a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus allegados.
Específicamente, los fondos del gobierno se dividirán en dos partes: 15 millones de euros para ayuda urgente y 15 millones como anticipo de indemnizaciones por seguros. Las víctimas mortales recibirán más de 72.121 euros en ayuda en efectivo y un anticipo igual en concepto de seguro; los heridos recibirán ayuda según la gravedad, desde 2.404 euros hasta 84.141 euros, sin impuestos.
Los trabajadores afectados por el accidente que sufran incapacidades temporales tendrán protección social especial. Los permisos por motivo del accidente serán considerados como accidentes laborales, permitiendo el cobro de subsidios desde el primer día, con montos superiores a los habituales.
El gobierno establecerá una Oficina Integral de Atención para las víctimas del incendio en Urdà, que operará a través de las delegaciones gubernamentales para asistir en la gestión de solicitudes y trámites. Además, se brindará atención domiciliaria para quienes no puedan acudir a las oficinas.
La ley también regulará límites de precios para transporte alternativo y servicios de alojamiento, para evitar incrementos desproporcionados tras el accidente, protegiendo así los intereses de las víctimas.